DESTRIPACUENTOS
Por Antonio Callejo
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Las y los candidatos a las 17 gubernaturas, diputados y numerosos municipios, pasarán por el nuevo tamiz que obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum, a alejarse de sospechas y manchas de corrupción y vínculos con el narcotráfico
Cancún, Quintana Roo. – México entra en un año clave: deberán definirse candidaturas para 17 gubernaturas, diputaciones federales y cientos de presidencias municipales. Este proceso ocurre en un momento particularmente delicado, pues coincide con una ofensiva discursiva y política de Trump, quien ha reiterado —sin matices— que amplios sectores del Estado mexicano están infiltrados por el narcotráfico.
Quintana Roo y los territorios “menores”: nadie queda fuera
En estados como Quintana Roo, altamente dependientes del turismo internacional y de la percepción de seguridad, el impacto es aún más claro. Candidatas y candidatos no solo deberán demostrar arraigo local o capacidad administrativa, sino historiales personales y políticos que no choquen con la narrativa estadounidense sobre narcotráfico y corrupción.
Un señalamiento, una investigación inconclusa, una relación ambigua del pasado puede convertirse en un pasivo político mayor cuando el contexto internacional es hostil. Y esto aplica no solo a Quintana Roo, sino a cualquier entidad, municipio o actor económico que interactúe con cadenas globales de valor.
La tesis central: no hay burbujas internas
La idea de que existen “ámbitos pequeños” de la política o la economía mexicana que pueden mantenerse al margen del escenario internacional es hoy una ilusión. Desde una licitación municipal hasta una candidatura local, todo está inserto en un entorno global altamente politizado.
No se trata únicamente de retórica electoral estadounidense. Esa narrativa se traduce en presión diplomática, amenazas comerciales, condicionamientos financieros y, potencialmente, en acciones unilaterales. Bajo esta lógica, los perfiles de candidatas y candidatos en México ya no solo se medirán por su viabilidad electoral interna, sino por su “aceptabilidad internacional”, particularmente ante Washington.
Incluso cargos locales —ayuntamientos, congresos estatales, secretarías regionales— pueden convertirse en piezas observadas dentro de un tablero geopolítico más amplio.
Claudia Sheinbaum: gobernar con frentes abiertos y la “Doctrina Monroe”
Queda claro, luego de los sucesos en Venezuela, que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no es un simple cambio de estilo en la Casa Blanca: representa la reactivación explícita de una visión geopolítica que muchos creían superada. La Doctrina Monroe, reinterpretada bajo el lema “America First”, vuelve a colocarse como eje de la política exterior estadounidense hacia América Latina, con México como pieza central, frontera estratégica y eslabón vulnerable.
En este contexto, la política mexicana —desde la presidencia hasta el municipio más pequeño— deja de ser un asunto exclusivamente doméstico. Todo, absolutamente todo, se ve atravesado por el escrutinio internacional.
Un calendario electoral bajo lupa externa
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario complejo y simultáneo:
El accidente del Tren Interoceánico, que toca un proyecto estratégico heredado de la 4T y pone en cuestión la narrativa de eficiencia y control del Estado.
Acusaciones de corrupción que ya no se limitan a adversarios políticos, sino que alcanzan al corazón simbólico del movimiento.
El persistente problema del huachicol, que contradice el discurso de combate frontal a las economías criminales.
La escasez de recursos públicos, que obliga a su gobierno a recurrir a la colocación de bonos de deuda en los mercados financieros, una medida que busca matizarse discursivamente, pero que envía señales claras a inversionistas y calificadoras.
Todo ello ocurre mientras Estados Unidos endurece su mirada sobre México, vinculando estabilidad económica, cooperación en seguridad y migración con la “limpieza” institucional del gobierno mexicano.
Reforma electoral: aliados incómodos en tiempos de fragilidad
A este panorama se suma la reforma electoral, particularmente la intención de desaparecer o reducir los plurinominales. Más allá del debate democrático interno, el problema es político-práctico: la presidenta necesita aliados legislativos para sacar adelante cualquier reforma constitucional.
En un contexto internacional adverso, romper equilibrios internos puede resultar costoso. Aliados inconformes, partidos bisagra debilitados o fracturas legislativas no solo afectan la gobernabilidad interna, sino que proyectan una imagen de fragilidad justo cuando México enfrenta presiones externas crecientes.
La reedición de la Doctrina Monroe bajo Trump no implica una invasión formal, sino algo más sofisticado y constante: vigilancia, condicionamiento y presión estructural. México, en año electoral, con tensiones internas y dependencia económica del exterior, se encuentra particularmente expuesto.
La gran lección es clara: la política mexicana ya no puede pensarse en clave local o nacional. Cada decisión interna tiene resonancias internacionales, y cada señal externa impacta la disputa por el poder dentro del país. Ignorar esta interdependencia no solo sería ingenuo, sino políticamente riesgoso.